Empresa Exterior

La decisión fue tomada en Lyon, Francia por el pleno de este organismo.

Durante su sesión celebrada en Lyon, Francia, el pleno del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo (GAFI), decidió que México asumirá la presidencia de este organismo para el periodo 2010-2011.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México (SHCP), Agustín Carstens, designó a Luis Urrutia Corral, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, para asumir dicha posición.

Luis Urrutia Corral ha encabezado la delegación del Gobierno de México ante el GAFI desde diciembre de 2006. Actualmente, además de ser Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ocupa la Presidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y durante el año 2008 ocupó la Presidencia del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

Los estándares de GAFI, emitidos bajo la forma de recomendaciones formuladas inicialmente para evitar el abuso de los sistemas financieros por personas involucradas en el lavado de dinero, cuentan con el mayor reconocimiento internacional, al haber quedado validados por más de 180 jurisdicciones alrededor del mundo, así como por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Esto ha colocado a GAFI en el más alto nivel internacional en materia de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. México es miembro de GAFI desde el año 2000.

En octubre de 2008, GAFI aprobó la más reciente evaluación mutua sobre el cumplimiento de México a las recomendaciones emitidas por la propia agrupación.

De acuerdo con información de la SHCP, la aprobación para que México asuma la Presidencia de GAFI representa un reconocimiento internacional al esfuerzo que ha puesto el Estado Mexicano en la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Asimismo, la distinción que esta agrupación ha concedido al Gobierno Mexicano refuerza el compromiso de las principales autoridades involucradas en la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a no reducir los esfuerzos para alcanzar niveles más altos de eficacia en estas materias.