La internacionalización se está convirtiendo en un método paliativo al que un buen número de empresas españolas están acudiendo para afrontar una crisis económica que ha afecta-do enormemente a las operaciones mercantiles internas en nuestro país. No obstante, no pocas compañías españolas ya habían mostrado una clara vocación internacional en sus actividades comerciales o industriales, algunas de las cuales nacieron con el objetivo de encauzar su línea principal de negocio hacia el exterior.
En este sentido, las estrategias de internacionalización se estarían orientando principalmente a los denominados mercados emergentes, que en su mayoría se localizan en países ubicados en áreas geográficas complejas. Se trata de países que lógicamente presentan una serie de atractivos que favorecen, desde el punto de vista financiero, tanto la producción como el intercambio comercial mano de obra barata, materias primas a bajo coste, escasa presencia de empresas competidoras de los denominados países desarrollados, etc.- pero que a su vez presuponen una serie de tributos, y no precisamente de carácter fiscal, que las empresas foráneas han de soportar.
Inestabilidad política, terrorismo, altos índices de delincuencia, malas o inexistentes condiciones sanitarias, entre otros, son importantes factores que, solos o acompañados de otros condicionantes como la lejanía geográfica, el idioma, el clima y las peculiaridades de orden cultural y religioso, componen un complicado mapa de riesgos para el que la mayor parte de las empresas españolas no están debidamente preparadas y que han abocado a muchas de ellas a una severa descapitalización de su inversión cuando no a un estrepitoso fracaso.
Para contrarrestar esas consecuencias no deseadas es de todo punto imprescindible que la empresa disponga de un completo Informe de Riesgo País que le aporte una visión completa y detallada del escenario donde va a desarrollar su negocio, abarcando aspectos sociopolíticos, económicos, burocráticos y de seguridad pública fundamentalmente, además de otros más específicos en virtud del tipo de actividad que se va a llevar a cabo. Podríamos citar aquí infinidad de ejemplos que pueden limitar o condicionar la vida empresarial de una compañía en determinadas latitudes y que un informe previo elaborado con rigor podría poner de manifiesto: inminencia de cambios de políticas gubernamentales, amenaza de nacionalizaciones, clima social y laboral conflictivo, legislación aduanera restrictiva, dificultad burocrática para la obtención de visados, permisos de trabajo, presencia de corrupción, riesgo terrorista o de delincuencia común, que puede abarcar desde la extorsión hasta el secuestro pasando por la sustracción de materiales, y un largo etcétera.
Las empresas han de ser conscientes de la responsabilidad social corporativa que contraen con sus empleados cuando les encomiendan trabajos en áreas geográficas complejas donde existe un riesgo la-tente para la seguridad de la población en general o para el foráneo occidental en particular.
Obviamente, el caudal y la calidad de la información recibida por el empresario son directamente proporcionales a la generación de los oportunos elementos de juicio necesarios para la acertada toma de decisiones, máxime si dicha información le es entregada debidamente analizada e integrada. En este contexto nuestras delegaciones diplomáticas en el exterior y las oficinas comerciales del ICEX están realizando una excelente labor pero su esfuerzo es a veces limitado para atender un volumen cada vez mayor de empresas españolas en el exterior.
La incursión en sectores económicos estratégicos en Iberoamérica, la construcción y la ingeniería en el Magreb y Oriente Medio y el mercado inmobiliario y el comercio en general en el África Occidental, constituirían los ámbitos de actuación donde las inversiones españolas han de velar específicamente por sus intereses, sin perjuicio de otras áreas que temporal y puntualmente pueden tornarse extremadamente conflictivas, como es el caso de los caladeros de pesca en el Índico, ahora de plena actualidad.
Otro de los grandes problemas que se le plantea a toda organización empresarial española que se instala en determinados países es el humano: se trata de lo que denominamos la gestión de expatriados. Las empresas han de ser conscientes de la responsabilidad social corporativa que contraen con sus empleados cuando les encomiendan trabajos en áreas geográficas complejas donde existe un riesgo latente para la seguridad de la población en general o para el foráneo occidental en particular.
En España hemos asistido en los últimos años a una evolución extraordinaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo y la preocupación del empresario por preservar la integridad física de sus trabajadores, conminado dicho sea de paso por la exigente normativa que comenzó a desarrollarse en nuestro país desde mediados de los 90; preocupación que se mantiene en los trabajos en el extranjero, quizá de manera inercial gracias a los hábitos creados en España o porque la normativa del país de destino o las de socios o clientes son tan exigentes o más que la nuestra. No obstante este tranquilizador panorama se torna inquietante cuan-do nos referimos a otros riesgos, no puramente laborales, que también pueden amenazar la integridad física de los trabajadores. Esos riesgos se han mencionado anteriormente (terrorismo, secuestro, extorsión, confrontación cultural y/o religiosa, etc.) y aquí no existe legislación alguna que obligue al empleador a proporcionar los medios para mitigarlos, por lo que queda al arbitrio de éste el implantarlos o no. Las empresas de otros países con una mayor tradición “internacionalista” que la nuestra han prestado atención a estos extremos no ya solo desde el punto de vista ético sino también en base a meros planteamientos económicos para proteger su continuidad de negocio. No es infrecuente encontrarnos con personal excelente-mente cualificado que ha abandonado su puesto de trabajo por problemas de adaptación al país de destino, al choque sociocultural o, lo que es más grave, a sentirse inseguro y desprotegido ante amenazas generales o concretas. Contratiempos de este tipo quiebran gravemente en la mayoría de los casos cualquier cadena de producción o de negocio con las consiguientes repercusiones económicas para la organización empresarial en cuestión, sobre todo si hablamos de puestos denominados claves.
Las soluciones más adecuadas al respecto pasarían por ofrecer a los trabajadores expatriados una serie de sesiones formativas sobre usos de vida y costumbres antes de su incorporación al país de destino, seminarios de autoprotección adecuados a la localización geográfica, seguimiento y control de las entradas y salidas del país en coordinación con las correspondientes oficinas consulares y, en caso necesario, asesoramiento profesional en materia de riesgos in situ o vía telefónica u online. Por otra par-te, si se trata de un contingente de trabajadores significativo y si la estancia se prevé prolongada, lo más adecuado es contar con un Plan de Crisis o Contingencias que incluya a su vez un Plan de Evacuación para garantizar la repatriación de trabajadores individualmente o en grupo lo más ágilmente posible ante cualquier incidente.
