Empresa Exterior

Para hacer frente a la morosidad, el Ejecutivo planteó la necesidad de establecer "de modo progresivo" la reducción de los plazos para que las facturas que se emitan a partir de ahora.

El Gobierno remitió el pasado lunes a los grupos de la oposición un conjunto de propuestas concretas para negociar en el marco del acuerdo político para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, en el que plantea aplicar incentivos fiscales a la rehabilitación, el transporte y mejorar la financiación de las empresas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que concederá créditos directos por importe de hasta 200.000 euros.

El Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero también propuso que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) conceda créditos directos con un importe máximo de 200.000 euros y cobertura de riesgo del 100% y comercializados a través de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso. "Con esta medida se conseguirá que toda pequeña empresa cuente con financiación", aseguró el Ejecutivo, para el que supone un "salto cualitativo" en el respaldo público a las pymes, porque ya no es una línea, sino que va a ser el propio ICO el que atienda las peticiones de crédito en las oficinas bancarias. Asimismo, propone ampliar el apoyo financiero del ICO a promotores de VPO para cuando las viviendas se destinen a la venta.

También aumentará el capital de Cersa, para mejorar su capacidad de reafianzar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) e impulsar la colaboración del ICO con estas entidades para que las operaciones inferiores a los 600.000 euros cuenten con un reaval por el 100% de la operación. Además, propone elevar el tope de riesgo que asume el ICO en la mediación.

Para hacer frente a la morosidad, el Ejecutivo planteó la necesidad de establecer "de modo progresivo" la reducción de los plazos para que las facturas que se emitan a partir de ahora, fijando un plazo de pago máximo de 30 días para los pagos de las administraciones públicas y de 60 días para el pago a las pymes y autónomos por parte de las grandes empresas. En el conjunto de medidas en apoyo a las empresas afectadas por la morosidad, se plantea potenciar la capacidad de las asociaciones empresariales para actuar en nombre de sus asociados frente a cláusulas abusivas en materia de plazos de pago.

En cuanto al apoyo a la internacionalización, el Ejecutivo constata que España presenta todavía una base exportadora insuficiente, "con apenas 40.000 empresas que exportan de forma regular", situación que pretende corregir con la reforma del sistema de apoyo oficial a la internacionalización mediante la creación del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).

En este marco, el documento de propuestas introduce la novedad del desarrollo de programas de apoyo a "clusters empresariales" o cadenas de valor en su internacionalización, además de deducciones por transporte y una rebaja de tasas aéreas.

Además, el Ejecutivo recalcó en el documento su compromiso para que España alcance un nivel de inversión en I+D del 2,5% del PIB en 2015. Para ello se acuerda que el incremento medio anual de la inversión pública en I+D sea superior al crecimiento de los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo aboga también por aumentar la deducción en el Impuesto de Sociedades del 8% al 12% en actividades de innovación y ampliar "en algunos casos" hasta el 60% la deducción por actividades de I+D+i.