La Comisión Europea presentará una propuesta de reforma de la normativa sobre contratación pública en diciembre.

La contratación pública representa aproximadamente el 17% del PIB comunitario. Destinar el dinero de los contribuyentes al mejor uso posible es vital para relanzar la economía y crear puestos de trabajo, especialmente en tiempos de crisis, sostiene la resolución no legislativa elaborada por la alemana Heide Rühle (Verdes/ALE). Esta resolución recoge la posición del Parlamento Europeo antes que la Comisión Europea presente en diciembre la propuesta legislativa sobre la revisión de las normas comunitarias de contratación pública.

Las normas de contratación pública actuales hacen que la licitación de contratos sea complicada y costosa. Para reducir la carga administrativa, los eurodiputados proponen la creación de un "pasaporte de contratación electrónico" aceptado por todos los Estados miembros y en el que se mencione que las empresas cumplen las condiciones que requiere la legislación de la UE sobre contratación pública.

Otras medidas para eliminar las barreras administrativas pueden incluir el uso de autodeclaraciones cuando sea factible, y solo solicitar documentos originales a los candidatos preseleccionados o al adjudicatario, evitando posibles retrasos o distorsiones del mercado causadas por declaraciones incorrectas.

Las PyMEs reciben la adjudicación del 31% al 38% del total de los contratos públicos, mucho menos de lo que deberían de acuerdo con la cuota global que representan en la economía (52% del volumen de negocios).

Los diputados sostienen que dividir los contratos públicos en lotes daría a las PyMEs más posibilidades de participar en adjudicaciones públicas. También solicitan a la Comisión que, teniendo presente la futura revisión de las directivas, "evalúe si son necesarias más normas sobre la adjudicación de subcontratos".

En la adjudicación el criterio del "precio más bajo" debe pasar a un segundo plano. Éste debería ser sustituido por la adjudicación a aquel que ofrezca "la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico incluyendo el coste total del ciclo de vida, y teniendo en cuenta el coste de la contaminación del medio ambiente cuando ello sea posible", defiende la Eurocámara.

La ampliación de los criterios y la admisión de ofertas alternativas permitirían a las empresas proponer nuevas soluciones y convertir la contratación pública en un motor para la innovación, así como facilitar la obtención de los objetivos definidos en la estrategia UE 2020, añade el texto.